El Gobierno colombiano entrante, que tomará posesión el domingo, reafirmó este miércoles su voluntad de emprender diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con otros grupos armados, pero aclaró que ninguno de estos procesos "va a significar la ausencia de justicia".

"Ningún proceso de diálogo va a significar la ausencia de justicia. (...) Es impresentable ante los propios colombianos el pensar que puede hacerse procesos de paz en impunidad, como si aquí no hubiera pasado nada", aseguró el designado comisionado de paz Danilo Rueda, en el Encuentro Plural por la Paz.

El encuentro tuvo lugar hoy en un hotel de Bogotá, organizado por Defendamos la Paz, y asistieron el canciller designado, Álvaro Leyva, miembros de la ONU, líderes de los principales partidos, congresistas, empresarios y piezas claves en otros acuerdos de paz, como el senador Humberto de la Calle, o exmiembros de las FARC como Pastor Alape.

Rueda aseguró que sin embargo hay que plantearse qué significa el que no haya justicia, puesto que los niveles de "hacinamientos carcelarios" son altos, y la ley actual habla de "principios restauradores", además de que no todos los grupos armados ilegales que operan en Colombia no tienen el mismo estatus político.

Además, los procesos que se empiecen a partir del 7 de agosto, cuando Gustavo Petro reemplazará a Iván Duque como presidente, no partirán "de cero" sino que el nuevo Gobierno quiere "honrar la historia" y el trabajo ya hecho por otros gobiernos e instituciones que tienen que lidiar a diario con los grupos armados en las regiones y que han logrado avances importantes como desminado o pequeños altos al fuego.

Leyva aseguró que lo primero que hay que hacer en materia de paz es "reconstruir alrededor de una política de Estado de paz", en lo que Petro ha denominado una política de "paz total" y que es una "convocatoria a que nadie quede excluido de esa alternativa de poner definitivamente el punto final a todas las formas de violencia", como definió durante el acto el senador Iván Cepeda, del partido de gobierno.

Proceso con el ELN 

Desde la victoria de Petro en las elecciones, en Colombia se ha vuelto a hablar de paz, a pesar de que las masacres en los territorios se suceden diariamente -a una media de una cada cuatro días- y los líderes sociales siguen siendo asesinados por centenares al año. Y retomar las negociaciones con el ELN está en las prioridades del Gobierno.

De esa forma, se quiere retomar lo andado en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), cuando se sentaron las bases de la negociación en La Habana, y a pesar de que otros países, como Chile, se han ofrecido a albergar las conversaciones, el nuevo Ejecutivo quieren que sigan en la isla.

En ese sentido, a Leyva le parece inaceptable que Cuba, por albergar a la cúpula negociadora del ELN fuese incluida en la lista de EE.UU. de patrocinadores del terrorismo, lo que quiere decir -según sus palabras- que hay un desconocimiento de los protocolos que se firmaron.

En esos protocolos, a diferencia que con las FARC, que estaba escrito que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, con el ELN se espera que se puedan ir implementando varios puntos y acciones a medida de que se llegue a acuerdos.

El canciller, además, aseguró a medios que "se irá a La Habana las veces que sean necesarias en su momento", pero que se trata de un "jazz" donde no hay nada fijado y está abierto a la improvisación, y al ser preguntado de si ya ha habido contactos con el ELN, aseveró que "si se habla de la paz total, tiene que haber contactos".

El encuentro estaba coordinado también por el Instituto para la Paz de EE.UU. (USIP), cuyo representante en Colombia, Steven M. Hege, se pronunció confiado en la experiencia del país para llegar a un acuerdo y subrayó que la nación andina tiene "mayor experticia acumulada que cualquier otro país" en este tema.

El ELN, que ha crecido en fuerza durante el actual Gobierno, ha mostrado su disposición a retomar los diálogos emprendidos en febrero de 2017 en Quito que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto de ese año.

Las conversaciones quedaron en suspenso desde entonces por la exigencia de Duque al ELN de que libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y renuncie a esa y todas sus actividades criminales.

Tras el atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá en enero de 2019 que dejó 22 muertos y 68 heridos, el Gobierno pidió a Cuba la entrega de los negociadores que están en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud y los diálogos quedaron dinamitados.

EFE